¿DÓNDE NOS EQUIVOCAMOS?

Cecilia López Montaño
Bogotá, Mayo 6 de 2013

 

Cada vez que se presentan problemas con las empresas que suministran el servicio de energía en la Región Caribe y concretamente en Barranquilla, aquellos que creíamos haber encontrado la solución perfecta, nos preguntamos, ¿en qué nos equivocamos? En 1998, estas de empresas no podían continuar en manos de la politiquería de la Costa, con sus barones haciendo haches y erres. El colapso era inminente no solo en el suministro de energía en la Región sino a nivel nacional, por las grandes deudas que estas empresas tenían con el sistema interconectado. No se habían hecho durante años las inversiones necesarias; la gente se acostumbró a la cultura del no pago; la ilegalidad era evidente y sobre todo, el privilegio de no pagar por el servicio de aquellos del círculo de los dueños de la energía local. Politiquería en su mejor definición.

A todos los que participamos en esta decisión nos salió caro porque tuvimos que pagar abogados y sobre todo salimos del gobierno como aquellos que les habíamos dañado la candidatura a otros por quitarle semejante manjar a los politiqueros costeños. Pero nos sentimos orgullosos cuando comprobamos que las habíamos vendido muy bien, con un mejor precio que el que recibieron nuestros compradores iniciales cuando las volvieron a vender. El Ministro de Minas del gobierno Pastrana, Luis Carlos Valenzuela, fue el único que en su momento reconoció lo valerosa de esta decisión. Pero los dirigentes locales, con nexos con los políticos de turno, se quedaron callados cuando no criticaron el proceso.  

Pero oh sorpresa! Entran los españoles y empiezan los problemas. Llantas quemadas, no se resuelve el tema de la informalidad que tantos muertos pobres ha costado, no se invierte lo suficiente en redes. Quejas y más quejas de sectores marginales de Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Montería, etc.. La pregunta permanente era por qué no se resuelven estos problemas si se supone que el sector privado es más eficiente que el sector publico. Se supone que los politiqueros de siempre no están manejando las empresas y que hay más gente preparada al frente de ellas. No sorprendía que continuara la cultura del no pago porque era un mal heredado de las administraciones anteriores. Es más, es probable que algunos que antes no pagaban por ser del entorno del político, instituciones del Estado y personajes de la ciudad, ahora si estuvieran cumpliendo con su obligación.

Pero fue necesario leer el artículo de Estache et al, 2002, para entender en que fallamos. La política de privatizaciones de América latina ha dejado por fuera un elemento fundamental dada la gran exclusión social de estos países; nunca ha sido parte de la política social sino que el gobierno y las empresas privadas lo han manejado como un negocio y no debe ser así. Afirma el autor que tres son los elementos fundamentales que se deben considerar cuando de servicios públicos se trata y que deben partir de la decisión política de favorecer a los pobres y marginados: "aplicar un enfoque coordinado que abarque tres áreas diferentes de la política pública: la política de privatizaciones, la política social y la política reguladora. Por mucho que la aplicación en el tiempo y la responsabilidad institucional puedan variar en cada caso, las tres son complementarias"'.

Las privatizaciones jamás han sido parte de la política social y por eso se han ignorado las consecuencias sobre los pobres. He ahí la falla que cometimos y que lastimosamente sigue por parte de todos los actores.

 


Cecilia López Montaño © 1999 - 2013 - Derechos Reservados

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